TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
Mg. Arturo Zapata Avellaneda.
Abogado. Magíster en Derecho Empresarial. Conciliador
Extrajudicial. Asesor de empresas financieras y entidades públicas. Docente
Universitario. Conferencista Nacional e Internacional. Capacitador en Gestión
Pública.
Contenido:
1. Derecho a la Tutela Jurisdiccional. 1.1 Efectividad de
Tutela. 1.2. Acceso a la Justicia. 1.3. Debido Proceso – Garantías
1.Derecho
a la Tutela Jurisdiccional
La
tutela jurisdiccional efectiva es la garantía que tiene toda persona de que el
Estado le conceda amparo o protección legal para satisfacer alguna pretensión,
es decir como señala GUASP: “(...) es el derecho de toda persona a que se le
“haga justicia”, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea
atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías
mínimas.”
A
la tutela jurisdiccional se le ha dado el apellido de “efectiva” que
evidentemente le da una connotación trascendente. Al respecto, CHAMORRO BERNAL
sostiene “La efectividad es algo consustancial al derecho en mención puesto que
una tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela. De nada
servirían al ciudadano unas excelentes resoluciones judiciales que no se
llevarán a la práctica”.
Por
ello, se afirma que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva es
cuádruple:
1.
El libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas.
2.
La defensa o la prohibición constitucional de indefensión.
3.
El derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que ponga fin al
proceso.
4.
El derecho a que esa tutela jurisdiccional sea efectiva.
No
debe confundirse la Tutela Jurisdiccional Efectiva con la Tutela Procesal
Efectiva. Esta última contiene a la primera. Podría representarse en la
siguiente fórmula:
Debe
entenderse por Debido Proceso Material es que está dirigido a que los órganos
del Estado con capacidad de decisión se alejen de la arbitrariedad:
Razonabilidad y Proporcionalidad.
Debe
entenderse por Debido Proceso Formal a aquel derecho fundamental continente.
Esto es, comprende las garantías de juez natural, contradictorio, plazo
razonable, motivación de resoluciones, pluralidad de instancias.
1.1
Efectividad de Tutela
a.
Vinculo con el Derecho de Acción
Título
Preliminar del Código Procesal Civil
Artículo
I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Toda
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
Este
artículo no distingue qué clases de personas tienen derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva (en adelante TJE), en consecuencia, esta, situación
jurídica de ventaja, recae tanto en las personas naturales como las personas
jurídicas, ya sean de derecho privado o de derecho público. Además, el hacer
mención que la TJE resulta aplicable para el ejercicio o defensa de derechos o
intereses inherentes a la persona con sujeción a un debido proceso, quiere
decir que los titulares de la TJE son los sujetos procesales, es decir, el
demandante y el demandado.
En
otros términos, este principio del proceso exige que toda persona tenga la
posibilidad de acudir libre e igualitariamente a un órgano jurisdiccional para
solicitar la protección de cualquier derecho e interés frente a cualquier
lesión o amenaza, en un proceso que reúna las mínimas garantías, luego del cual
se expedirá una decisión motivada y definitiva sobre el fondo de la
controversia que sea eficaz. (Priori Posada, 2019, p. 80)
No
se agota, pues, en la garantía del acceso a la justicia, sino que faculta
obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas, el que
solo podrá ser eludido cuando tales pretensiones resulten inadmisibles o
improcedentes, de acuerdo con las normas legales. (Ledesma Narváez, 2016, p.
19)
La
tutela judicial efectiva no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la
no subsanación de observaciones subsanables. No implica un derecho
incondicional a la prestación jurisdiccional, sino que requiere el cumplimiento
de requisitos previos e indispensables a través de las vías procesales
legalmente establecidas. (Ídem)
Ello
tampoco podría llevar a hablar de indefensión cuando el recurrente ha tenido abiertas
todas las instancias y recursos para hacer valer sus derechos; sin embargo, este
derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o
libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con este.
(Ídem)
Por
tanto, la TJE, al igual que cualquier otro derecho existente, no es irrestricto
en absoluto así que mientras no se vulneren los derechos que comprende no
podría darse un caso de violación de este derecho.
b.
Deber del Estado .- Según el artículo 139 de la Constitución, inciso 3:
Artículo
139.- Principios de la Administración de Justicia
Son
principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
3.
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas
al efecto, cualquiera sea su denominación.
La
Carta Magna, a nuestro juicio, establece el contenido de la tutela
jurisdiccional efectiva, así pues, podemos citar:
a.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley
b.
Ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente
establecidos
c.
Ninguna persona puede ser juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción
d.
Ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales cualquiera sea su
denominación.
A
diferencia del precepto constitucional indicado, el artículo I del TPCPC añade
el adjetivo “efectiva”. Esta efectividad se convierte en una promesa en el
sentido de que en el texto constitucional este derecho se presenta con un
contenido abierto y abstracto y tal vez algo retórico y una “tutela
jurisdiccional” será “efectiva”, es decir, recién se hará realidad, cuando en
un proceso concreto se haya realizado conforme a dicho postulado, y de esta
forma se haya honrado el cumplimiento y compromiso con la promesa contenida en
el texto constitucional. (Sumaria Benavente, 2020, p. 109)
c.
Rol del Estado Peruano
De
acuerdo con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, tercer párrafo:
Artículo
4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales
Se
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona
en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al
órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad
sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a
la observancia del principio de legalidad procesal penal. Nótese que el
artículo 4 advierte que los derechos comprendidos dentro de la tutela procesal
efectiva lo son “a título enunciativo”, es decir, la doctrina y la
jurisprudencia podrán incluir aún muchos más.
En
palabras de César Landa: El derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido
en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y en el artículo 139.3 de
la Constitución, es un derecho genérico o complejo que parte de una concepción
garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los órganos de
justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. (2012, p. 15)
1.2.
Acceso a la Justicia
Consiste
en procurar que el proceso no resulte tan costoso para las partes, y ello,
resulte inconveniente para hacer valer el derecho pretendido, con lo que el
Estado
incurriría en una grave omisión al admitir esta forma de injusticia por razón
económica4.
Sin
embargo, la aplicación de este principio no puede ser absoluta5 según ha creído
conveniente el legislador, al considerar que la administración de justicia
implica en cierta forma un servicio sui generis: gratuito, pero que busca su
autofinanciamiento.
Así,
el servicio de justicia es tan importante y básico como cualquier otro servicio
público. Por ello, quien soportará el costo del proceso en mayor medida será
quien sea declarado perdedor. Por otro lado, el funcionamiento del aparato
judicial se financia con las sanciones pecuniarias impuestas a quienes utilizan
maliciosamente los recursos jurisdiccionales del Estado o mantienen una
conducta reñida con los valores éticos recogidos por el Código Procesal Civil.
Aquel
derecho de las personas naturales o jurídicas (de derecho público o privado) de
solicitar a los órganos jurisdiccionales la resolución de una controversia con
relevancia jurídica.
El
acceso a la jurisdicción es el presupuesto para el ejercicio de todos los demás
derechos fundamentales relativos al proceso, pues sin acceso no hay posibilidad
de reclamar ninguno de los derechos relativos a este, como la defensa, la
prueba o la efectividad. Pero además es el presupuesto de vigencia de todos los
demás derechos o intereses reconocidos por el sistema jurídico, de índole
constitucional, legal o contractual, pues es la garantía de protección de todos
ellos frente a cualquier incumplimiento o lesión. (Priori Posada, 2019, p. 82)
1.3.
Debido Proceso – Garantías
1.3.1.
Concepto
El
derecho a un debido proceso tiene su origen en la tradición inglesa y norteamericana.
Surge como un parámetro de control de los excesos o arbitrariedades de las
autoridades sobre los derechos de las personas, pues ninguna restricción a la
libertad o propiedad podía realizarse sin que se desarrolle un debido proceso
legal.
El
debido proceso, como derecho e institución jurídica, al ser trasplantado a otro
entorno cultural, como el peruano, ha sufrido cambios en su definición, de modo
tal que en el Perú se entiende al debido proceso como un canon de control de la
constitucionalidad de cualquier proceso judicial, procedimiento administrativo
o procedimiento entre privados, lo que incluye a los mecanismos alternativos al
proceso judicial como el arbitraje.
Asimismo,
se le considera como un derecho-principio, es decir un derecho que a pesar de
tener autonomía, en sí mismo supone la presencia de otro tipo de derechos, como
el derecho de defensa, a la motivación escrita de las resoluciones, a la cosa
juzgada, a la pluralidad de instancias, al juez predeterminado por la ley,
entre otros.
El
debido proceso también comprende una serie de garantías vinculadas al órgano
judicial o administrativo que dirige el proceso o procedimiento, tales como los
principios de independencia e imparcialidad del órgano que resuelve la
controversia. De tal modo, si se lesiona alguno de estos derechos también se
lesiona el derecho a un debido proceso.
Entonces,
el derecho al debido proceso garantiza a cualquier persona que todo proceso
judicial, procedimiento administrativo o entre privados donde se discutan o
cuestionen sus derechos e intereses se desarrolle conforme a un canon procesal
y sustantivo ajustado a parámetros constitucionales de razonabilidad y
justicia.
1.3.2.
Alcance
El
derecho a un debido proceso tiene un alcance bastante amplio ya que su
aplicación —a diferencia del derecho a la tutela jurisdiccional— no se limita a
los procesos judiciales.
Por
ello, el debido proceso resulta aplicable a todo tipo de proceso judicial,
procedimiento administrativo, procedimiento corporativo particular
(asociaciones, empresas) e inclusive en los procedimientos que se desarrollan
en el Congreso de la República.
En
dicho sentido, un proceso judicial de cualquier tipo no resulta ajustado al
debido proceso si es que no se respeta el derecho de defensa de cualquiera de
las partes que participan en el mismo. Esto sucede, por ejemplo, si no se
notifica a una de las partes; si se realiza la presentación extemporánea de un
medio de prueba relevante para resolver la controversia; o cuando la resolución
que resuelve incorporar el medio de prueba ofrecido se notifica equívocamente a
alguna de las partes, ya que el afectado con la actuación del juez no podría
pronunciarse sobre el medio de prueba ofrecido o, en su caso, cuestionar vía
recurso la decisión judicial de incorporar tal medio de prueba al proceso.
En
el seno de un procedimiento administrativo suele ser común que no se expresen
de manera adecuada las razones que motivan una resolución, de modo tal que no
resulten siquiera comprensible para la parte o partes del procedimiento las
razones que justifican la decisión adoptada por la autoridad administrativa.
Suele
suceder que los estatutos de las asociaciones establezcan las condiciones o
requisitos que debe reunir una persona para poder ser incorporada al colectivo,
así como las infracciones pasibles de sanción—entre las que se incluye la
separación o expulsión del asociado—, el órgano asociativo competente para
imponer la sanción o el procedimiento que debería seguirse para aplicar las
sanciones a los asociados. En dicho contexto, no han sido ajenos a la
jurisprudencia casos en los que se aplicaron sanciones por infracciones que no
eran lo suficientemente claras ni precisas en la descripción de la conducta
prohibida, o que habiéndose señalado en el estatuto que el competente para
aplicar la sanción era la asamblea general de asociados, en la práctica quien aplicaba
la sanción era o el consejo o junta directiva o el presidente de la asociación.
Igualmente, a veces se expulsaba a los asociados sin siquiera haberles otorgado
la oportunidad de ser escuchados y contradecir o esclarecer las imputaciones en
su contra. Estos son claros ejemplos de trasgresiones al principio de
taxatividad de las infracciones, el derecho a ser juzgado por un órgano
competente y el derecho de defensa que forman parte del debido proceso y que,
por ello, resultan exigibles al interior de los procedimientos que se
desarrollan ante las entidades privadas como asociaciones, fundaciones,
comités, empresas, instituciones educativas privadas, organizaciones no
gubernamentales, entre otras.
El
Congreso de la República, además de su función legislativa (producción de
leyes), tiene encomendada una función fiscalizadora y de control político. La
primera se ejerce sobre cualquier asunto que resulte de interés público,
mediante la Comisión de Fiscalización o comisiones investigadoras especiales,
cuyo objetivo es esclarecer los hechos de interés público, como podrían ser los
casos de las organizaciones delictivas que tienen contactos en las
instituciones judiciales y fiscales, o los sonados casos de corrupción de
presidentes y funcionarios de los gobiernos regionales. Por su parte, el
control político parlamentario se ejerce mediante la investigación y
procesamiento de los más altos funcionarios del Estado—jueces y fiscales
supremos, ministros de Estado, congresistas, defensor del pueblo, magistrados
del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, consejeros del
Consejo Nacional de la Magistratura— si han incurrido en delito, mediante el antejuicio,
de modo tal que se les quite la prerrogativa de inmunidad, o vía el juicio
político si han incurrido en infracción a la constitución.
En
todos estos procedimientos parlamentarios, con menor o mayor intensidad
—función fiscalizadora o de control político, respectivamente—, resultan
exigibles los derechos y garantías del derecho a un debido proceso.
De
igual manera, como derecho subjetivo, el debido proceso puede ser invocado por
personas naturales (nacionales o extranjeras) y jurídicas, así como por el
Estado, en tanto sea parte de algún proceso o procedimiento en el cual se
discutan sus derechos.
Desde
una perspectiva objetiva, el derecho al debido proceso supone un mandato al
legislador, a fin de que los procesos y procedimientos que establezca sean
mecanismos adecuados para la protección de derechos e intereses de las
personas, y además se ajusten a los diferentes contenidos del derecho al debido
proceso.
Esta
vinculación entre el debido proceso y el legislador implica una relación más
profunda entre constitución y proceso, de modo tal que la constitución
condiciona no solo la configuración legal del proceso sino su realización
práctica, y de igual manera el proceso se constituye como un mecanismo que
permite la realización de la constitución, pues se constituye en un instrumento
que posibilita la defensa de los derechos y principios constitucionales, así
como su concretización y desarrollo progresivo a partir de los diferentes casos
que se tramitan ante las autoridades judiciales y administrativas.
Al
respecto, pensemos en el derecho de defensa, por el cual toda demanda debe ser
contestada. Para ello el legislador ha establecido en los códigos procesales
una serie de reglas que establecen la forma y el orden en que los escritos de
demanda deben ser elaborados, incluso los acompañamientos o anexos que debe de
tener. Igualmente, la legislación procesal, atendiendo a la diversidad de
pretensiones y procesos, ha establecido plazos diferenciados para que el
demandado pueda ejercer su derecho de defensa mediante la contestación de la
demanda.
Sin
embargo, la jurisprudencia ha reconocido que el derecho de defensa no se agota
en el derecho de contradicción sino también en el derecho a contar con la
asistencia de una defensa técnica, es decir con la defensa realizada por un
abogado (sentencia del Exp. 2028-2004-HC, caso Margi Eveling Clavo Peralta,
fundamento 2), y no solo ello, sino también a contar con un plazo adecuado y
razonable para preparar dicha defensa (sentencia del Exp. 2098-2010-PA, caso
Eladio Guzmán Hurtado, fundamento 16).
A
partir del ejemplo anterior se advierte que existe un primer desarrollo
constitucional del derecho al debido proceso en la legislación procesal, la que,
aplicada en casos concretos, en el marco de un proceso, ha sido ampliada por la
jurisprudencia constitucional.
1.3.3.
Contenido
En
nuestro país el derecho al debido proceso tiene dos dimensiones diferenciadas
claramente: un debido proceso adjetivo o procesal y un debido proceso
sustantivo o material.
El
derecho al debido proceso adjetivo impone a los que participan y,
especialmente, a quienes dirigen y resuelven los procesos o procedimientos, el
respeto a los derechos y garantías de carácter procesal como la prohibición de
avocamiento indebido, el derecho al procedimiento predeterminado por ley,
a)
El Juez natural:
El
juez natural o juez predeterminado por ley se relaciona con la constitución del
órgano judicial competente para conocer de un litigio con anterioridad a los
hechos que se enjuician por medio de una ley y de forma invariable y plena. Así,
de acuerdo con el criterio adoptado por este Tribunal [Exp 0290-2002-HC/TC;
Exps. 1013-2002-HC/TC y 1076-2003-HC/TC], el derecho invocado comporta dos
exigencias.
1)
Competencia de la Jurisdicción, Es decir, que quien juzgue sea un juez o un
órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose, así, la interdicción
de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada
ex profeso para desempeñar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento
pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes
públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que deba ser ventilado
ante un órgano jurisdiccional.
2)
Prohibición jueces ex post o ad hoc. Es decir, que la jurisdicción y
competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación
de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con
anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser
juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc. Asimismo, que tales
reglas de competencia, objetiva y funcional, sean previstas en una ley
orgánica.
3)
Fuero correspondiente. Implica que la competencia jurisdiccional se halla
sujeta a una reserva de ley orgánica, lo cual implica: a) el establecimiento en
abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, y b) la institución de los diferentes
órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento
litigioso vinculada a la materia civil, comercial, penal, laboral, etc,
b)
La debida motivación escrita de las resoluciones judiciales,
Es
el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de conocer las razones
fácticas y jurídicas que las autoridades y los funcionarios, especialmente los
del aparato estatal, adoptan para resolver las pretensiones, donde sus
intereses se encuentran comprendidos. Este derecho es componente del debido proceso
o proceso justo, expresión de la tutela procesal efectiva. Entre ambas
instituciones existe una relación de género a especie y, en consecuencia, están
íntimamente ligadas; por tanto, una indebida motivación importaría una
flagrante vulneración a los derechos ciudadanos. En esa línea de ideas,
constantemente se escucha sobre la presentación de recursos de impugnación
contra decisiones emitidas, al no estar conforme con ellas, y uno de los
argumentos es la falta de motivación, por presuntamente haberse vulnerado
garantías sustantivas y procesales en el decurso del proceso; apelaciones que
en algunos casos son estimadas por la instancia superior, al constatarse que,
en efecto, los responsables de deliberar el caso actuaron normativa y
procesalmente con displicencia, proyectando una mala imagen de la institución a
la cual pertenecen.
La
debida motivación de las resoluciones judiciales comprende una doble función
Función
Intra procesal. Es aquella que permite la impugnación por la parte perjudicada por
el acto procesal, identificando el error u omisión del juez. Con ello, permite
reducir los márgenes de arbitrariedad del juez.
Función
extra procesal. Es aquella que pemite el control social del debido proceso y permite
además el desarrollo y el estudio de la jurisprudencia.
La
debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía que se funda
en el razonamiento coherente, objetivo y suficiente. La Corte Suprema, mediante
sentencia recaída en la Casación N. ° 1067-2021-La Libertad, se ha referido
sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales.
c)
Defensa Letrada o Cautiva
El
derecho a la asistencia letrada, es el derecho a la tutela de los justiciables
mediante una adecuada e idónea defensa técnica a través del derecho a ser
asistido por un abogado/a que conoce el Derecho material, sustantivo y
procesal, que hará valer durante el tiempo que dure el proceso en las
diligencias que en el se desarrollen. Este derecho comprende
1)
La asesoría de oficio. Un abogado de oficio es aquel que se encarga de defender
ante un tribunal de justicia, y sin ningún costo, a los ciudadanos que tengan
que enfrentar un proceso judicial. Si alguna persona necesita asesoría en materia penal, de
familia, civil o laboral y no cuenta con los recursos económicos suficientes,
puede tenerla en los Centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra). Este
servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(MINJUSDH), defiende a personas que han sido víctimas de la vulneración de sus
derechos en cualquiera de sus formas.
2)
la libertad de elección del abogado. Por ello, la exclusión del abogado de
libre elección y su reemplazo por un abogado defensor público debe ser
excepcional, pues afecta la defensa del procesado y lo obliga a aceptar el
patrocinio de un abogado que no conoce; esta situación es más grave si el
proceso se encuentra avanzado, pues el nuevo abogado asume la defensa en el
estado en que se encuentra el proceso. Además, se ha advertido que en algunos
casos, el abogado de oficio designado, realiza una defensa deficiente o
meramente formal, pues a veces omite presentar los recursos impugnatorios
respectivos, o los presenta fuera del plazo.
3)
La defensa cautiva Es aquella defensa que asume un Abogado Colegiado en un
proceso, representa el derecho a la libertad de elegir sin ningún tipo de
coacción la asistencia y ayuda profesional más favorable.y el desarrollo de su
defensa con observancia de la ética profesional
4)
La ética Profesional. El abogado y la abogada son servidores de la justicia y
su deber profesional es defender los derechos de sus patrocinados, honrando la
confianza depositada en su labor; la cual debe desempeñarse con estricta observancia
de las normas jurídicas y de una conducta ética que refleje el honor y la
dignidad profesional. Los deberes y los alcances se encuentran regulados en el
Código de Ética del Abogado aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de
Abogados del Perú mediante Resolución nº 001-2012-JDCAP-P
d)
Derecho a la Prueba o a obtener y producir prueba,
El
derecho a la prueba es una manifestación implícita del derecho al debido
proceso, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al afirmar que “el
derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo
139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú”. Así, “el derecho a
probar es un componente elemental del derecho al debido proceso que faculta a
los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus
afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcances
que la Constitución y la ley establecen”. Según este derecho, las partes o un
tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho a producir
la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su
pretensión o defensa. Comprende, entre otros:
1.
Derecho a la admisión de medios probatorios.
El
derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho de
prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los
medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. En principio, las pruebas
ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando importen pedidos de medios
probatorios que no sean pertinentes, conducentes, legítimos o útiles, así como
manifiestamente excesivos.
La
admisión de los elementos de prueba propuestos al proceso tiene límites, porque
no se pueden ofrecer cualquier tipo de elementos de conocimiento con el único
respaldo de que existe libertad probatoria y nuestro ordenamiento normativo se
adscribe a la teoría de la libre valoración de las pruebas, sino que para que
el elemento probatorio sea admitido debe contar con:
- Pertinencia: Exige que el medio probatorio
tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso.
Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados con el objeto
del proceso.
- Conducencia
o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de que determinados
hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será
inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en
determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho.
- Utilidad:
Se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir
la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Sólo pueden ser admitidos
aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de
convicción del juzgador, más ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios
probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de
derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no
controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata
de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa
juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar
con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen
medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios
probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de
acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado
antes.
- Licitud:
No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del
ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida.
- Preclusión
o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la
admisión de medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la
solicitud probatoria.
2.
Derecho a la actuación de medios probatorios. No tendría ningún sentido que se
reconozcan como contenidos del derecho a probar los derechos de ofrecer y
admitir las pruebas, si es que una vez presentadas y aceptadas por el juez
nunca son practicadas, ejecutadas, puestas en actuación. Este contenido define
el sentido de los otros dos contenidos (proposición y admisión de las pruebas).
3.
Derecho a la valoración de medios probatorios. Un elemento definitorio del
derecho a la prueba es el derecho a la valoración racional de las pruebas. Como
señala Ferrer Beltrán, el ofrecimiento y la actuación de los medios probatorios
carece de sentido si no se asegura el efecto de la actividad probatoria a
través de la valoración de éstas. Por un lado, se exige que las pruebas sean
tomadas en consideración a los efectos de justificar la decisión que se adopte.
Por el otro, se exige que esta valoración sea racional
e).
Al plazo razonable sin dilaciones.
La
garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto imprescindible
del debido proceso a efectos de obtener de la sede judicial y/o administrativa
una pronta y justa respuesta y/o resolución, así como en su ejecución. Implica
que los plazos no deben ser ni muy breves (ya que se obvian plazos esencial y
el análisis del fondo de la controversia puede ser superficial) ni tampoco
plazos excesivos (pues se pone el peligro el derecho por la demora y genera
insatisfacción). Comprende aspectos como
1.
La conducta de las partes. Comprende la buena fe procesal y el evitar actos
dilatorios o temerarios
2.
La conducta del Juez. Ya que el juez al tener la dirección del proceso debe
contribuir al impuso procesal dotando a sus actos de celeridad y economía procesal.
3.
La complejidad del caso. Toda vez que la mayor complejidad justifica el tiempo
y los actos procesales. Además de la posibilidad de impugnación
Asimismo,
este principio comprende otros aspectos a tener en cuenta como el de no ser
juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho, a la igualdad de armas, a
la no autoincriminación, a la prohibición de juzgamiento por comisiones ad hoc,
entre otros.
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